Reforma electoral: ¿avance o retroceso?

En México, la democracia ha experimentado un largo proceso de transición política caracterizado por la inclusión cada vez mayor de la ciudadanía en los asuntos públicos. Muestra de ello son las reformas electorales que han permitido transitar de un sistema electoral incipiente, en donde los procesos electorales carecían de un nivel mínimo de confianza ciudadana, a uno donde los principios de la función electoral son una realidad.

Si bien estos cambios han dado como resultado la celebración de elecciones libres, periódicas, competitivas, y confiables en el país, es necesario seguir avanzando en la consolidación de la democracia: su permanencia como forma de gobierno y como forma de vida requiere de un continuo perfeccionamiento, tanto de las estructuras como de las prácticas que la justifican.

A partir de las elecciones de 2006, el reclamo cada vez más generalizado entre los diversos actores políticos de la sociedad, principalmente de los ciudadanos, apuntaba hacia la necesidad de transparentar, fiscalizar y eficientar cada vez más los recursos públicos utilizados por todas las instituciones que participan en la arena electoral y, de manera muy particular, sobre los destinados a los partidos políticos para su promoción en medios de comunicación. A finales de 2007, el Congreso de la Unión reformó nueve artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y con esto se pretende responder, al menos parcialmente, a tan justificada exigencia. Es precisamente la discusión sobre los alcances y efectos de esta reforma constitucional electoral lo que motiva el presente número de Folios.

Partiendo de un análisis sobre las controversias suscitadas en la elección de 2006, en términos del inusitado activismo político ejercido desde la Presidencia de la República, de la propaganda negativa utilizada en las campañas presidenciales, así como la ejercida por terceros, Luis Carlos Ugalde nos ofrece una inmejorable evaluación de dicho proceso electoral, para dar paso a un sugerente análisis sobre los avances, riesgos y mitos que conlleva la reciente reforma electoral. Al final, el autor justifica de manera muy puntual que con la prohibición constitucional de la denigración y la calumnia entre partidos, más que lograr evitar los problemas del pasado, se abre una ventana que puede arrojar consecuencias peores.

En segundo lugar, y compartiéndonos la idea de que las reformas electorales en México han funcionado en una lógica doble como correctoras de experiencias negativas del pasado, así como de receptoras de las nuevas exigencias sociales, María Marván Laborde nos ofrece un recuento de los principales avances sustanciales que esta última reforma electoral implementa en tres importantes rubros del nuestro sistema electoral: financiamiento de los partidos políticos, reglas del proceso electoral, así como de las nuevas facultades y estructuras del Instituto Federal Electoral, y del Tribunal Federal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

Siguiendo nuestro breve recorrido, y centrándose más en los desafíos y dilemas venideros de la reforma a partir de los aspectos recién modificados en la Constitución, Carlos González Martínez traza rutas muy claras sobre el necesario ejercicio de reingeniería institucional al que nuestro sistema electoral deberán de someterse, en aras de hacer efectivas las expectativas de los legisladores. El autor menciona, entre otras, la modificación de las leyes secundarias federales y locales que regulan el régimen de partidos, los términos de la competencia electoral, las instituciones electorales, el régimen electoral federal y los derechos ciudadanos, mismas que se deberán reflejar en las normas e instituciones estatales.

Nuestra discusión finaliza con una elocuente reflexión por parte de Miguel Bazdresch Parada sobre las posibles consecuencias positivas o dudosas, así como de las inclusiones o exclusiones que esta reforma electoral conlleva en temas tan relevantes como el acceso a los medios de comunicación por parte de los partidos, el financiamiento de las elecciones, las causales de nulidad de una elección, la transparencia de los partidos y las autoridades en materia electoral, los delitos electorales, entre otros temas, pero haciendo más hincapié en el relativo a las consecuencias en el ámbito de los gobiernos locales.

Amable lector: en este número aun no se plantea la discusión sobre los efectos que originará la modificación de las leyes secundarias afectadas por esta reforma constitucional. Tenga la seguridad de que haremos lo propio en un número exclusivamente dedicado e ello.

No hay reformas electorales definitivas eso es claro, los efectos y alcances de ésta están el aire; pero ¿se justifica modificar nuestro andamiaje normativo como respuesta a las coyunturas políticas en lugar de generar espacios de discusión entre los actores que permitan definir una estructura electoral que resulte ideal para todos?

Lo invitamos a sumarse a este ejercicio crítico y reflexivo, y de esta manera contribuir en el avance de nuestra democracia.